CORRECCIÓN 06/11/2019: Sustituye, por error en el tipo de decisiones judiciales comparadas, «29.028 sentencias dictadas» por «30.171 casos terminados ese año», en el párrafo que recoge datos relativos al Informe sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
PEDRO SÁNCHEZ (PSOE)
Vamos a modificar la Ley General Audiovisual para que los consejos de administración de todos los entes públicos de comunicación sean aprobados por un respaldo de dos terceras partes de sus parlamentos autonómicos; con eso acabaremos con el uso sectario que se está haciendo por parte del independentismo catalán en el caso de TV3.
Es falso.
No es necesario modificar la Ley General Audiovisual para garantizar un Consejo de la Radiotelevisión catalana aprobado por una mayoría de dos tercios del Parlament: el Pleno de la Cámara autonómica modificó el pasado 23 de octubre la ley que regula la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para que su presidente y sus consejeros tengan que ser elegidos por una mayoría cualificada de dos tercios.
Hasta ese momento, bastaba con la mayoría absoluta del Parlament, en una segunda votación, para poder elegir al presidente y al resto de miembros del consejo de gobierno de la CCMA (el ente público audiovisual catalán del que dependen TV3 y Catalunya Ràdio).
Quien indultó a los terroristas de Terra Lliure fue el Partido Popular.
Es falso.
Se concedieron indultos a Terra Lliure tanto con el Gobierno socialista de Felipe González como con el popular de José María Aznar. No obstante, fue el Ejecutivo socialista de Felipe González el que empezó a indultar a miembros de Terra Lliure, tres años después de la autodisolución de esta organización terrorista catalana.
Así, el 8 de julio de 1994, con Juan Alberto Belloch como ministro de Justicia, el Ejecutivo socialista concedió esta medida de gracia a Jordi Petit, que cumplía una condena de 15 años de prisión por pertenencia a banda armada.
En marzo de 1995, el Gobierno de González indultó a un segundo exmilitante de Terra Lliure: Marcel·lí Canet, condenado como coautor de un atentado que costó la vida a una mujer, el único delito de sangre cometido por esta organización.
A esta medida siguieron otros 18 indultos -entre ellos los de Josep Musté y a Joan Antoni Rocamora, los dos únicos miembros de Terra lliure que permanecían en prisión- otorgados también por el Ejecutivo socialista, cuando estaba ya en funciones, unos días después de perder las elecciones generales de marzo de 1996 que dieron el triunfo a José María Aznar (PP).
Esta decisión fue anulada por un defecto de forma y, finalmente, fue el Gobierno de Aznar el que hizo efectivo el indulto de este grupo de exmilitantes de Terra Lliure el 28 de junio de 1996.
PABLO CASADO (PP)
¿Por qué no retira la Declaración de Pedralbes, en la que se decía que hacía falta un relator internacional, que la Monarquía era franquista, que la Guardia Civil y la Policía Nacional eran fuerzas represoras, que la justicia no era independiente?
Así se ha dirigido el líder del PP al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante el debate entre candidatos al 10N.
Es falso.
La Declaración de Pedralbes, el comunicado conjunto que pactó el Gobierno de Sánchez con el Ejecutivo catalán el 20 de diciembre de 2018, no incluye alusiones a la monarquía o a las fuerzas de seguridad. Tampoco a la independencia judicial.
En cuanto al «relator internacional», en la Declaración de Pedralbes no se menciona esta figura. Sí se habla de una «persona encargada de facilitar el diálogo» en la «mesa de partidos», que, según explica el documento, «será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias, y fije el orden del día».
Si los españoles quieren votar al Partido Socialista tienen que coger un sobre, la papeleta de Sánchez y 1.000 euros en metálico para meter lo que le va a costar al año la subida de impuestos pactada ya por el señor Iglesias y el señor Sánchez.
Es falso.
No hay ningún cálculo posible con las cifras oficiales disponibles que respalden la afirmación de Casado.
De hecho, el PSOE no cuantifica los ingresos que espera obtener con los nuevos tributos y subidas impositivas incluidas en su programa electoral, que derivan de las pactadas hace un año con Unidas Podemos para los Presupuestos de 2019.
Las medidas tributarias recogidas en esos presupuestos fallidos tenían un impacto estimado sobre la recaudación de 5.654 millones de euros, incluyendo una subida de los tipos máximos de IRPF para las rentas más altas, que el PSOE ha descartado finalmente en su programa electoral para el 10 de noviembre.
De dividir ese importe entre los 37 millones de potenciales votantes saldría una cantidad cercana a los 153 euros por elector, lo que, además de estar lejos de los 1.000 euros que dice Casado, supone un reparto arbitrario, dado que la subida impositiva planteada por el PSOE afecta fundamentalmente a las grandes empresas, que no acuden a las urnas como tal.
Además, los votantes son mayoritariamente contribuyentes de IRPF (asalariados, autónomos y pensionistas), a quienes el PSOE en este momento no tiene previsto subir los impuestos.
ALBERT RIVERA (Cs)
Un IRPF razonable, que no sea confiscatorio, que no llegue a quitar la mitad del sueldo en algunas comunidades a la gente que trabaja con el sudor de su frente.
Es falso.
El IRPF no aplica una retención equivalente a la mitad del sueldo en ningún lugar de España, de modo que Rivera no puede prometer evitar esta situación.
El tipo marginal máximo estatal es del 45 % y llega al 48 % en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Rioja y Comunidad Valenciana, pero eso no significa que los contribuyentes entreguen ese porcentaje sobre el total de su salario a la Agencia Tributaria, sino solo sobre el tramo máximo.
El IRPF es un impuesto progresivo por el que se aplica el tipo marginal que corresponda a cada tramo de renta del trabajo, con lo que -a diferencia de lo que muchas veces se piensa y el propio Rivera da a entender- los tipos de IRPF no se aplican de forma fija sobre el total de las rentas generadas.
De esta forma, un contribuyente con un sueldo de 70.000 euros anuales no pagará el tipo máximo del 45 % por el total de los ingresos, sino que pagará el 19 % por los primeros 12.450 euros, el 24 % entre 12.451 y 20.200 euros, el 30 % entre 20.201 y 35.200 euros, el 37 % entre 35.201 y 60.000 euros, y el 45 % entre 60.001 y 70.000 euros.
¿Qué pasa cuando ustedes van a un centro de salud en otra comunidad autónoma? Que les piden papeles y burocracia. Yo quiero una tarjeta sanitaria única, que ni PP ni PSOE han puesto en marcha.
Es falso.
La tarjeta sanitaria única fue puesta en marcha en 2010, cuando concluyó la construcción de la base de datos del Sistema Nacional de Salud, según el Ministerio de Sanidad.
Los diseños de las tarjetas pueden ser distintos en cada Comunidad Autónoma, pero «todas y cada una de ellas llevan la misma banda magnética, cuyos datos pueden leerse en todos los pueblos y ciudades de España», subrayaba este martes la actual ministra, María Luisa Carcedo, en su cuenta oficial de Twitter.
De este modo, con independencia de su diseño, todas las tarjetas «permiten acceder a los datos, ser atendidos en cualquier lugar y retirar los medicamentos desde cualquier farmacia de España».
La ministra precisa que el pasado julio «se completó el mapa de la receta interoperable con la incorporación de la Comunidad de Madrid al sistema».
PABLO IGLESIAS (Unidas Podemos)
El artículo 50 de la Constitución Española dice que las pensiones se tienen que revalorizar conforme al índice de precios de consumo.
Es falso.
La Carta Magna no hace referencia alguna al IPC. El mencionado artículo 50 se limita a decir que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad».
SANTIAGO ABASCAL (VOX)
Yo hablé con los policías, con los guardias civiles en las semanas pasadas y lo estaban pasando realmente mal. Se sentían abandonados por el Gobierno. No se les permitía los primeros días utilizar material antidisturbios
Es falso.
Desde las primeras horas tras conocerse la sentencia del «procés», el mismo lunes 14 de octubre, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ya empleó material antidisturbios en su intervención en el aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona), adonde se desplazaron numerosos manifestantes.
En los días siguientes, tanto agentes de la Policía Nacional como de los Mossos emplearon material antidisturbios como pelotas de goma o de foam, respectivamente, además de gases lacrimógenos y tanques de agua para dispersar a los jóvenes que protagonizaron altercados violentos en las calles del centro de Barcelona.
Así lo confirmaron fuentes policiales consultadas por EFE durante las protestas y fotografías (por ejemplo ésta y ésta) vídeos publicados por medios de comunicación (por ejemplo éste y éste).
Después de la manada de 2006 ha habido más de 100 manadas en España y el 70% de quienes están imputados son extranjeros.
Es falso.
No hay ninguna estadística oficial específica sobre imputados en agresiones sexuales múltiples, por lo que es imposible sostener que el 70 % son extranjeros.
Sí hay estadísticas oficiales sobre el conjunto de agresiones sexuales. Y todas ellas reflejan lo contrario: que la mayoría de los autores son españoles.
Así, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del total de 2.917 adultos condenados en 2018 por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 2.184 eran españoles y el resto extranjeros (un 25,1 %). En el caso de los menores, el porcentaje era del 23,5 %: Solo 96 extranjeros de un total de 408 condenados.
Además, de acuerdo con el Informe sobre delitos contra la libertad e Indemnidad Sexual en España de 2017 (Ministerio del Interior), un 70,1 % de los detenidos o investigados por estos delitos eran españoles, frente a un 29,9 % de extranjeros.
La ley (contra la violencia de género) no ha servido para reducir el número de asesinatos, ha servido para convertir a muchos hombres en presuntos culpables y hay un 86 % de denuncias archivadas.
Es falso.
*Según el Informe sobre Violencia de Género del CGPJ correspondiente a 2018, en los Juzgados de lo Penal resultaron archivadas definitivamente 385 denuncias, lo que supone el 1,3 % del total de 30.171 casos terminados ese año.
Este informe, elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, revela que, del total de sentencias dictadas en 2018, el 57,14% fueron condenatorias (16.586).
Afirmaciones verificadas por Ramiro Fuente, Desirée García, Matilde Martínez y Olivia Alonso.
