Madrid, 14 abr (Sergio Hernández y Ramiro Fuente | EFE).-
El 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República española ha reavivado la difusión de algunas falsedades que, a través de mensajes que circulan en redes sociales y la esfera pública, cuestionan avances en derechos civiles y sociales logrados bajo este régimen democrático que precedió a la Guerra Civil.
El PSOE no votó contra el sufragio femenino
Una de las creencias erróneas relacionadas con este periodo histórico es la que sostiene que el PSOE rechazó la implantación del derecho al voto de la mujer en la Constitución de 1931.
Todavía hay mensajes en las redes sociales que propagan esta versión falsa de los hechos.
Algunos de ellos destacan la oposición de la diputada del PSOE Margarita Nelken a la aprobación del voto femenino.
Incluso el exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón llegó a afirmarlo en un debate en el Congreso, en septiembre de 2013.
En realidad, la mayor parte de los 115 diputados del PSOE votó a favor de la aprobación de la implantación del sufragio activo femenino y el resto se abstuvo, como demuestran el Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, las crónicas periodísticas de la época e investigaciones académicas de historiadores.
La votación clave sobre la universalización de este derecho se celebró el 1 de octubre de 1931 y tuvo como resultado 161 votos a favor y 121 en contra.
La abstención fue muy elevada, del 40 %, ya que 188 de los 470 diputados se ausentaron de la sesión o no participaron de la votación.
En su crónica sobre el desarrollo de la votación, ese mismo 1 de octubre el diario vespertino La Voz informaba: «Se observa que tanto de los bancos radicales como en los de los socialistas se han ausentado buen número de diputados».
«Contra el artículo votan los radicales, Acción Republicana y radicales socialistas», añadía el periódico madrileño, cuyos ejemplares se pueden consultar en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional.
Es decir, que los socialistas del PSOE no votaron en contra del voto femenino, aunque sí lo hicieron los del Partido Radical Socialista, una formación distinta.
El estudio de Juan Carlos Monterde García, Algunos aspectos sobre el voto femenino en la Segunda República: Debates Parlamentarios, publicado en 2010, subraya: «Votaron a favor el Partido Socialista (con la destacada excepción de Indalecio Prieto, quien lo consideró una puñalada para la República), pequeños núcleos republicanos (catalanes, federales, progresistas, galleguistas, Al servicio de la República), y la derecha».
«En contra lo hicieron Acción Republicana, y los Partidos Radical y Radical-socialista, salvo Ruiz Funes, Castrovido, o Clara Campoamor, entre otros», añade Monterde.
La posición crítica de algunos diputados del PSOE, como la citada Margarita Nelken, se debía a la consideración de que el voto femenino sería mayoritariamente conservador por la influencia de la Iglesia e iría contra la República.
Esta investigación fue citada por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en esa legislatura, José Luis Ayllón, en una respuesta parlamentaria a una pregunta de dos diputados del PSOE sobre la afirmación de Ruiz-Gallardón.
En esa misma contestación, del 3 de diciembre de 2013, Ayllón citaba un tuit de Eduardo Madina en el que el entonces secretario general del Grupo Socialista en el Congreso cifraba en 83 el número de diputados del PSOE que apoyaron la ampliación del voto a la mujer.
1 de octubre de 1931.Aprobación del sufragio universal en el Congreso.
Presentes:282
En contra:121
A favor:161 (83 del PSOE)#Gallardón— Edu Madina (@EduMadina) September 11, 2013
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Esa votación del 1 de octubre de 1931 fue nominal, por lo que el Diario de Sesiones recoge los diputados que se manifestaron en favor y en contra de la medida, aunque lo hace con algunos errores de transcripción que impiden una revisión precisa de ese cómputo a través del índice histórico de parlamentarios del Congreso.
En todo caso, esa comprobación permite confirmar el apoyo mayoritario del PSOE a la implantación del voto femenino.
La ley republicana de Vagos y Maleantes no persiguió homosexuales
Otro de los infundios atribuidos a la Segunda República es el de que comenzó la persecución a los homosexuales por medio de la ley de vagos y maleantes.
En Facebook se puede encontrar algún comentario que se pregunta «cómo le explicas a alguien de Podemos que la ley de vagos y maleantes que perseguía homosexuales la firmó la República el 4 de agosto de 1933«.
También alguna publicación de Twitter reproduce una redacción de esa ley que atribuye al texto aprobado por la República.
Extracto de la ley de vagos y maleantes de la Segunda República aludiendo a homosexuales , prostitutas y proxenetas … a los rufianes también los menciona @gabrielrufian pic.twitter.com/y75Y1bsor2
— 🇪🇸 🖤Cro D La tenaza 🖤🇪🇸 (@Cro_D_La_Tenaza) October 21, 2020
https://platform.twitter.com/widgets.js
La verdad es que la Segunda República aprobó la primera versión de la citada regulación en 1933, pero en ella no se incluía a los homosexuales, sino que fue una reforma de 1954, durante el franquismo, la que introdujo esa modificación.
Estos hechos quedan demostrados con la consulta de los documentos oficiales.
El 5 de agosto de 1933, la Gaceta de Madrid -antecedente del Boletín Oficial del Estado (BOE)- publicó la citada ley, que en ningún caso incluye a los homosexuales.
El 17 de julio de 1954, el BOE dejaba constancia de la modificación regulatoria para incluir a los homosexuales entre las personas que podrían ser declaradas «en estado peligroso» y ser objeto de las medidas de seguridad de la ley.
La ley fue sustituida en 1970 por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, como se puede consultar en el BOE del 4 de agosto de ese año, con un texto en el que se mantenía la represión de los «actos de homosexualidad».
Esa es la redacción reproducida por el tuit mencionado y no, como sostiene su autor, la del texto aprobado por la República.
No se expolió el oro del Banco de España para evadirlo a Moscú
Una de las leyendas más extendidas sobre la Segunda República es la que sostiene que, tras el estallido de la Guerra Civil, los republicanos expoliaron las reservas de oro del Banco de España para entregárselas a la Unión Soviética de Iósif Stalin.
Pero en realidad no hubo expolio ni entrega incondicional a la URSS, sino un decreto del Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero firmado por el presidente de la República, Manuel Azaña, que autorizaba el traslado de gran parte de las reservas de oro del Banco de España para su depósito a un lugar que se considerara seguro para salvaguardarlas del avance enemigo.
El decreto fue emitido en septiembre de 1936 por el entonces ministro de Hacienda, Juan Negrín. En 2014, la Fundación Negrín, que custodia más de 150.000 documentos, abrió al público sus archivos para mostrar cómo se gestionaron aquellos fondos con el fin de dotar de liquidez a la República ante el boicot del sistema financiero internacional.
Frente a la política de «no intervención» que le privaba de ayuda de las democracias europeas y ante el avance de los sublevados, a quienes suministraban directamente la Alemania de Adolf Hitler y la Italia de Benito Mussolini, el Gobierno republicano optó por trasladar a la URSS en torno al 73 % de las reservas de oro del Banco de España, la cuarta reserva metálica más importante del mundo.
La República depositó sus reservas en Moscú tras descartar su primera opción, Francia, porque «tenía dificultades para hacer un uso eficaz de su oro y su crédito en Europa Occidental», según explica el historiador Stanley G.Payne.
En todo caso, en julio, el Gobierno republicano anterior había optado como destino por Francia, que recibió hasta marzo de 1937 oro convertible en divisas equivalente a más del 27,4 % de las reservas españolas, pero los envíos de armas contratados nunca llegaron e incluso se bloquearon en ese país buena parte de los fondos enviados por España, como precisa el historiador y economista Ángel Viñas.
Y ¿qué pasó con el bautizado por el franquismo como «Oro de Moscú»? El Gobierno republicano decidió evacuar las reservas cuando el Ejército sublevado había conseguido cerrar ya la frontera con Francia y empleó las divisas resultantes en comprar en el extranjero tanto armas como todo lo necesario para financiar la economía no bélica: materias primas, productos energéticos, alimentos…
Hubo prestaciones de Seguridad Social antes de Franco
Aunque es cierto que fue con Francisco Franco cuando se acuñó el nombre de «Seguridad Social», el origen de las políticas de protección social fue muy anterior a la dictadura y, un mes después de ser proclamada la Segunda República, el Gobierno aprobó su primera norma en este ámbito para crear un seguro de desempleo a través de la Caja Nacional contra el paro Forzoso.
Un decreto del 25 de mayo de 1931 establecía este seguro, de carácter voluntario y basado en el sistema de libertad subsidiada, por el que el Estado subvencionaba a los sindicatos o mutuas que ofreciesen el seguro de paro con un 50 % de la indemnización.
La Constitución aprobada en diciembre de aquel año establecía además en su artículo 46 que la legislación social de la República regularía también los seguros de enfermedad, accidentes, vejez, invalidez y muerte, pero el estallido de la guerra civil impidió completar este proceso e impidió la entrada en vigor de las normas que iban a regular los seguros de enfermedad e incapacidad laboral.
En todo caso, durante la República se produjo un rápido crecimiento del gasto social que se estancaría en los primeros años de la dictadura de Franco, cuyo imperfecto modelo de prestaciones estuvo muy lejos del sistema redistributivo vigente hoy día en España.
Las primeras prestaciones que percibieron los españoles habían surgido de la Comisión de Reformas Sociales constituida en 1883 para estudiar cómo mejorar el bienestar de la clase obrera. En 1900 se creó el primer seguro social, de accidentes de trabajo, y en 1908 nació el Instituto Nacional de Previsión para gestionar las nuevas prestaciones.
De este modo, ya antes de la proclamación de la República entraron en vigor otros seguros sociales: el Retiro Obrero (1919) y el Seguro Obligatorio de Maternidad (1923).
Y también había vacaciones pagadas
En contra de una falacia muy extendida, no hubo que esperar tampoco a la dictadura de Franco para que los españoles disfrutaran de vacaciones pagadas. Este concepto se aplicó por primera vez a todos los asalariados precisamente con la Segunda República.
De este modo, la Ley del Contrato de Trabajo de 1931 establecía en su artículo 56 que «el trabajador tendrá derecho a un permiso ininterrumpido de siete días«, cuya fecha de inicio debía determinar «el patrono, de acuerdo con el obrero«.
Tras la Guerra Civil, hubieron de pasar cinco años hasta que Franco regulara este derecho. Y lo hizo con un decreto de enero de 1944 en el que reafirmaba la concesión de un «permiso anual retribuido al menos de siete días laborales ininterrumpidos«.
Y ya fue después de la muerte de Franco cuando se amplió a 21 días la «duración mínima de las vacaciones» con la ley de Relaciones Laborales de 1976 y a 23 días con el Estatuto de los Trabajadores de 1980.
El actual mes de vacaciones fue garantizado por el Gobierno socialista de Felipe González en una norma de 1983 bautizada como «Ley de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días«.
Eso sí, los antecedentes de este derecho se encuentran en 1918, cuando una ley otorgó 15 días al año de ausencia laboral a empleados públicos, maestros y militares. Y a esta norma se sumó otra en 1919 que concedió un mes de permiso remunerado a oficiales de la marina mercante.
Fuentes:
– Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes del 1 de octubre de 1931.
– Diario de Sesiones del Congreso del 11 de septiembre de 2013.
– Artículo La Cámara, por 160 votos contra 121, concede el voto electoral a la mujer, del diario vespertino madrileño La Voz, 1 de octubre de 1931.
– Estudio Algunos aspectos sobre el voto femenino en la Segunda República: Debates Parlamentarios, publicado en 2010 en el número 28 de Anuario de la Facultad de Derecho, de Juan Carlos Monterde García.
– Boletín Oficial de las Cortes Generales del 3 de diciembre de 2013.
– Índice histórico de diputados del Congreso, en el portal de internet de la Cámara Baja.
– Ley de vagos y maleantes aprobada en la Segunda República. Gaceta de Madrid, antecedente del Boletín Oficial del Estado (BOE).
– Reforma de la ley de vagos y maleantes. BOE del 17 de julio de 1954.
– Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, que sustituyó a la ley de vagos y maleantes.
– Artículos del historiador y economista Ángel Viñas sobre «el mito del 'Oro de Moscú'». Septiembre y octubre de 2020.
– Constitución de la República Española. 9 de diciembre de 1931.
– Decreto de Previsión Social contra el Paro Forzoso. 25 de mayo de 1931.
– Historia de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
– Ley de Contrato de Trabajo, publicada en la Gaceta de Madrid el 22 de noviembre de 1931.
– Información de EFE «La Fundación Negrín abre su archivo para rebatir la leyenda del oro de Moscú». 8 de febrero de 2014.
