No es cierto que vacunar contra la covid-19 sea un crimen de guerra

EFE Madrid I

¿Qué verificamos?

El personal sanitario que vacuna contra la covid-19 podrá ser juzgado por crímenes de guerra.

Conclusión

La vacunación no es ningún delito sino un servicio de salud pública que ha demostrado ser seguro y eficaz. En la legislación internacional no existe ningún texto que prescriba que la vacunación es un crimen de guerra.

El personal sanitario que administra las vacunas no se arriesga a ser juzgado como responsable de cometer crímenes de guerra, como advierte de forma engañosa un mensaje viral que incluye otras falsedades con las que pretende sembrar dudas sobre los preparados contra la covid-19.

En las últimas semanas se ha difundido en Facebook un mensaje en el que hace una «advertencia» a «todos los sanitarios, médicos y enfermeras», según la cual estos profesionales podrán «ir a juicio por responsabilidad en crímenes de guerra».

Añade este texto que el «deber» del personal sanitario es «informar al paciente» de que «la vacuna es experimental» y no tiene «garantía de inmunidad», además de que con ella inoculada todavía se puede «propagar la enfermedad».

También insta a alertar sobre sus «daños» y el riesgo de «muerte».

El mensaje invita a consultar la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco, la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial y el Código de Núremberg.

Recuerda asimismo que alegar el cumplimiento órdenes «no es una defensa legal».

El mismo texto difundido en Facebook ha sido imprimido y exhibido como cartel, como muestra una fotografía que acompaña una de las publicaciones.

No son crímenes de guerra si no hay una guerra

La administración de vacunas seguras y eficaces, como son las de la covid-19 aprobadas por las autoridades, no es un delito y menos un crimen de guerra, por lo que el personal sanitario no debe informar de que estos medicamentos son experimentales, lo que también es falso.

Tampoco constituye un riesgo importante para la salud, porque las probabilidades de sufrir efectos adversos es mucho menor que el peligro de contraer la enfermedad, como recuerdan las autoridades sanitarias.

👉¿Cuánto tarda en hacer efecto la #vacuna de la #COVID19?

🔸Pfizer/BioNTech 7 días (2 dosis)
🔸Moderna 14 días (2 dosis)
🔸AstraZeneca 28 días (2 dosis)
🔸Janssen a los 14 días (1 dosis)#YoMeVacuno https://t.co/hRt2EA6kHV

— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 21, 2021

Además de que la vacunación es beneficiosa para la sociedad, una de las causas que imposibilita que el personal sanitario pueda ser juzgado por responsabilidad en crímenes de guerra es que estos solo pueden darse durante un conflicto bélico, como se estipula en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Este estatuto rige el funcionamiento de la Corte Penal Internacional de La Haya, encargada de juzgar los crímenes de guerra desde el 1 de julio de 2002.

En él se define que los crímenes de guerra son aquellos que supongan una violación de los Convenios de Ginebra de 1949 -tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de los conflictos bélicos- y «otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados» sean o no internacionales.

En ninguno de esos textos se hace referencia a la vacunación como crimen de guerra.

Medicamentos seguros y probados en ensayos clínicos

El mensaje engañoso también cita la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco y la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial -sin relación con los convenios anteriormente mencionados-, en las que se recogen principios éticos como que las intervenciones deben llevarse a cabo con el consentimiento libre e informado de los pacientes o que los facultativos están obligados a velar por el bienestar de las personas a las que atienden.

De un modo parecido se refiere al Código de Núremberg, que recoge unos principios por los que se limita la experimentación médica en humanos.

Sin embargo, este mensaje engañoso añade que dicho decálogo hace a las personas responsables de sus actos aunque obedezcan órdenes, lo que es una confusión con los Principios de Núremberg, que no eximen de culpa a quien comete crímenes por orden de un superior, cuestión aludida en otra frase de este texto viral en la que se señala que la obediencia a un mando «no es una defensa legal».

Ambos documentos son consecuencia de los juicios a los dirigentes del régimen nazi tras la Segunda Guerra Mundial celebrados en la citada ciudad alemana.

Las alusiones a esos procesos y a la necesidad de celebrar unos nuevos juicios de Núremberg para establecer responsabilidades es una reivindicación de los teóricos de la conspiración contrarios a las vacunas, como manifestó recientemente el cantante Miguel Bosé en una entrevista.

Tampoco en esos textos hay referencias a las vacunas y su mención carece de sentido porque estos medicamentos ni son peligrosos, ni experimentales.

De hecho, han sido las principales autoridades sanitarias -la Organización Mundial de la Salud (OMS), las agencias de medicamentos internacionales y los gobiernos– las que han autorizado y recomendado su uso.

Esa actuación se explica porque las vacunas son seguras y eficaces, como han demostrado los ensayos clínicos realizados sobre sus efectos y las evaluaciones de las mismas agencias especializadas, lo que refuta que sean experimentales.

Eficiencia e inmunidad

Su eficiencia en la lucha contra la enfermedad se comprueba con los datos de descenso de la mortalidad desde que empezó el proceso de vacunación, con una disminución del 90 % de las muertes semanales, según informaba recientemente el diario El País.

Además, en el mundo ya hay 1.500 millones de personas que han recibido al menos una dosis de las vacunas contra las covid-19, 200 millones en la Unión Europea, lo que supone una muestra gigantesca que permite avalar la seguridad de estos fármacos, cuyos efectos adversos graves han sido descritos de forma reiterada como «muy raros» por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que insiste en que su beneficio supera el riesgo.

De un modo parecido se han expresado las agencias estadounidenses de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Otra de las falsedades que esgrime el autor del mensaje engañoso para fundamentar una supuesta actuación criminal de los sanitarios es señalar que una vacuna contra la covid-19 «solo disminuye los síntomas» y no tiene «garantía de inmunidad».

Esta afirmación vuelve a contradecir los resultados de los estudios científicos, como el llevado a cabo por los CDC de Estados Unidos, según el cual las vacunas de Pfizer y Moderna proporcionan una inmunidad del 80 % tras la primera dosis y del 90 % después de la segunda.

Estas cifras han sido superadas por la experiencia en Israel, donde la vacuna de Pfizer ha demostrado ser capaz de prevenir el 96,7 % de la muertes y de reducir en un 97,5 % las posibilidades de sufrir una manifestación grave de la enfermedad, según un estudio publicado en la revista médica The Lancet.

Por tanto, la afirmación de que el personal sanitario dedicado a la vacunación puede ser juzgado por haber cometido crímenes de guerra es infundada, dado que esa actuación es beneficiosa para la sociedad y no se trata de ningún delito, menos aún un crimen de guerra, violación legal que solo puede ser cometida durante un conflicto bélico.

Tampoco son ciertas las razones que el mensaje engañoso argumenta como base para ese supuesto crimen de guerra porque las vacunas han sido suficientemente probadas y han demostrado ser seguras y eficaces, con un alto porcentaje de prevención de muertes y del desarrollo de síntomas graves de la covid-19.